Lengua y democracia

José del Valle, en El Universal de México (selección LUL)

No siempre decimos lo que queremos; y, cuando lo decimos, no siempre se interpreta como lo que queremos decir. Reconocer esa tensión constitutiva del lenguaje y las lenguas es requisito imprescindible de cualquier apuesta glotopolítica (o político-lingüística) que se pretenda democratizadora, si por democracia entendemos los mecanismos de gestión de la vida en comunidad que promueven una amplia participación en la vida común y la permanente revisión del reparto de roles (de inclusiones y exclusiones) que se establece con cada orden sociopolítico. Pensar el lenguaje como sistema de comunicación sin más conduce a un modelo de sociedad en que la ficción de la transparencia comunicativa (la idea de que hay una relación biunívoca entre formas y contenidos) elide el origen político de cualquier norma y con ello limita el potencial democratizador, es decir, de transformación y apertura social. Un consenso que no reconozca las derrotas infligidas en su consecución y, por tanto, la posibilidad de su futura derrota se convierte en prescripción opresiva, es decir, en imposición antidemocrática.

Si el lenguaje es político ab initio, más claramente lo es una lengua, resultado de procesos históricos de selección y codificación inexorablemente imbricados en las transacciones y luchas asociadas con la constitución de cuerpos políticos. La RAE tiene su origen en un siglo dieciocho en que la España recién incorporada al mundo borbónico da pasos hacia su formación como estado-nación moderno. Se impone un modelo de organización del poder que precisa, por un lado, de la ley y, por otro, del disciplinamiento individual de la conducta. El acceso —y sometimiento— de toda la ciudadanía a la misma ley requiere la codificación de la lengua en que está escrita, y la educación del comportamiento social a través del uso de la lengua requiere la internalización del régimen normativo que asocia usos y valores. Diccionarios, ortografías y gramáticas se convertirán en tecnologías al servicio de la extensión de este modelo. La modernización de la lengua española requería su sometimiento a estos tratamientos técnicos, y la RAE resultó ser la institución que lideró el proceso de disciplinamiento lingüístico.

La crítica desde dentro puede tener un efecto contrario al deseado. Basta con recordar la respuesta del director del Cervantes, el poeta español Luis García Montero, al precioso discurso crítico pronunciado por la escritora cordobesa María Teresa Andruetto en la clausura del último CILE: la conferencia de Andruetto, dijo el director del Cervantes, demostraba el carácter democrático del congreso y su incuestionable apertura a la crítica.

Lo que se debe cuestionar es la estructura misma, una estructura inteligentemente concebida para que se reproduzca nutrida tanto por la loa como por la impugnación. El problema radica en el modelo de lengua, de lenguaje y de sociedad que articula un proyecto abiertamente dedicado a la doble misión de defender la unidad de la comunidad panhispánica per se y de insertar un determinado concepto de la lengua española (altamente codificada y unida en su diversidad interna) en los mercados globales regidos por la lógica del capitalismo tardío.

Frente a este aparato institucional e ideológico de gestión del idioma, desde posiciones que alberguen la esperanza de participar de cambios sociales democratizadores, se debe avanzar una idea política del lenguaje y, por supuesto, de las lenguas. Hablar, escribir, señar (comunicarse con el lenguaje de señas) debe ser dialogar en aras de la construcción siempre frágil de comunidades, pero no desde la utopía de la transparencia comunicativa sino desde otra utopía, la de la permanente negociación en términos de igualdad. Gestionar la lengua debe ser crear redes de interacción en las que sea central el debate en torno a la cristalización del sentido. Y tal gestión se me antoja imposible desde un sistema construido a hombros del colonialismo y con vistas al triunfo en las competiciones por la acumulación de capital que definen las sociedades atravesadas por las formas de hacer y de ser del capitalismo.

Queden ahí los ejemplos mexicanos en los que se manifestó un abierto desacuerdo con el aparato institucional oficial y una voluntad emancipadora, pero en los que, finalmente, persistió la colonialidad por voluntad del colonizado. Ahora bien, la simple independencia institucional no garantiza una gestión más democrática de la lengua, pues, como acabamos de ver, la colonialidad sobrevive al colonialismo. El movimiento democratizador pasa por un gesto glotopolítico de reconceptualización del lenguaje en tanto que hecho político y por una gestión del idioma comprometida con una batalla lingüística que se libra en nombre de la participación colectiva en la vida social y de la permanente vigilancia ante las exclusiones perpetradas. Está en juego decidir qué se dice cuando se dice “democracia”, cuando se dice “seguridad”, cuando se dice “patriotismo”, cuando se dice “masculinidad”, cuando se dice “estado fracasado”… Está también en juego el difícil ejercicio de la memoria lingüística y el ejercicio más difícil todavía de comprometer el lenguaje en la transformación de las condiciones materiales de su producción, que son, en definitiva, las condiciones materiales de producción en torno a las que se organiza la vida social.

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