Iniciola última líneaINCIDENCIA DEL COVID 19 SOBRE LA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL

INCIDENCIA DEL COVID 19 SOBRE LA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL

Josep Maria Castellà Andreu en Letras Libres, España. Doctor. en Derecho. Premio Extraordinario “Doctor Europeo”, Universidad de Barcelona (1996).

El parecido asombroso entre los dilemas que afronta España y las disyuntivas virales y Constitucionales chilenas hace que esta reflexión del jurista español sea de la mayor importancia para Chile. Los estados de emergencia, el papel del Congreso, del poder judicial y de la oposición política son puestos de relieve en este recorrido español que podría ir de Temuco a Santiago sin perder precisión (Edición LUL).

Estados de Emergencia

En todos los países democráticos se ha desencadenado la declaración de emergencia, con formas y contenidos jurídicos distintos en cada país. Las medidas intervencionistas de los gobiernos han restringido de forma severa el ejercicio de varios derechos fundamentales como la libre circulación de personas, la propiedad o la libertad de empresa.

En España, algunos autores han indicado que estamos ante un estado de excepción de facto (Javier Díaz Revorio, Carlos Flores). Esta idea parte de la premisa, habitual en los manuales de Derecho constitucional, de que hay una gradación entre los estados excepcionales, de menor a mayor gravedad, siendo el de alarma, ocupado en España, el menos invasivo de los derechos. Lo que diferencia a cada uno de dichos estados excepcionales son, las causas por las que se declara cada uno (causas naturales y no políticas en el estado de alarma; y terrorismo o graves alteraciones del orden público en el de excepción), y también los concretos derechos fundamentales afectados por la restricción o por la suspensión de derechos en cada supuesto.

La situación de emergencia que vivimos y el confinamiento resultante afectan de forma grave a la libertad deambulatoria y al ejercicio ordinario o presencial de derechos como la libertad de culto o de reunión, aunque no en modalidades telemáticas. Ello es provocado por la causa concreta de la presente situación de emergencia y la consiguiente necesidad de salvaguardar el bien salud pública, y no por causas de índole política. Otra cosa es si se utiliza el virus para expandir desproporcionadamente algún límite concreto, lo que será susceptible de control judicial.

En España, la legislación electoral no prevé ninguna causa de suspensión electoral, por lo que tuvieron que improvisarse soluciones discutibles, tomadas por los respectivos presidentes de ambas Comunidades Autónomas que las habían convocado, con el acuerdo de los partidos parlamentarios.

En situaciones de crisis extraordinarias aflora el “derecho de excepción”. En Estados constitucionales democráticos, este tiene su razón de ser en la racionalización y sujeción al orden jurídico de las limitaciones a los derechos (incluso amplias) y las alteraciones al funcionamiento de las instituciones democráticas, sobre todo las parlamentarias. Los gobiernos populistas pueden tener la tentación de utilizar este tipo de situaciones para ampliar aún más su poder en detrimento de los checks and balances entre poderes que son fijados por las constituciones, como se ha visto recientemente que ocurre en algunos Estados del Este de Europa.

En cualquier caso, no puede juzgarse la situación extraordinaria bajo el estado excepcional con los mismos parámetros jurídicos que las situaciones o crisis ordinarias. Esto se vio ya con la crisis económica de 2008 o con la crisis secesionista catalana de 2017. En ellas el Tribunal Constitucional español fue muy deferente con el gobierno a la hora de dar cobertura a las medidas adoptadas, en el primer caso, a través de decretos ley, y en el segundo, al amparo del art. 155 CE. Pero deferencia o self restrain no equivale a ausencia de fiscalización judicial y política. La situación es ahora más grave que en las crisis precedentes. El decreto que establece el estado de alarma y sus prórrogas han de ser juzgados en términos constitucionales desde esta doble perspectiva: deferencia y control de acuerdo con los criterios de indispensabilidad y proporcionalidad.

Controles parlamentarios y estado de alarma

El estado de alarma, como todo derecho de excepción, supone llevar hasta el extremo la concentración del poder de dirección política por parte del Ejecutivo. Esto afecta al equilibrio entre poderes en las democracias constitucionales, propio de los periodos ordinarios, pero no significa que los demás poderes del Estado se eclipsen mientras dure dicho estado excepcional y situación de emergencia.

Frente a la lógica de mayoría/oposición, la gravedad de la situación ha impuesto la lógica del consenso, que demanda la ciudadanía. Pero este no se ha producido en España como consecuencia de una negociación previa impulsada por el gobierno, sino simplemente por un voto responsable de la Cámara en favor de las medidas del gobierno.

En el primer decreto de prórroga se añadió una Disposición adicional enfatizando la obligación de información del gobierno al Congreso. Estas no son funciones normativas del Congreso, sino de control, en un sentido amplio.

Con respecto a los decretos ley esta tarea de control es más necesaria si cabe. De esta manera se evitan, o al menos se ponen de manifiesto, posibles excesos y un mal diseño o mala gestión en la puesta en marcha de concretas medidas sectoriales aprobadas. No es fácil encontrar un equilibrio entre ambas posiciones políticas de la oposición: colaboración y crítica al gobierno, pero son dos caras de las exigencias del bien común en este momento.

En una democracia representativa y pluralista, como se está viendo en muchos países, la tarea de la oposición es irrenunciable. Los gobiernos populistas tienden a minusvalorar su función constitucional.

La concentración del poder en el Ejecutivo afecta no solo al equilibrio ordinario entre poderes del Estado, sino también a los poderes territoriales.

Nuevos pactos constituyentes

La ciudadanía, de forma cívica, responsable (y angustiada), ha cumplido con las instrucciones de las autoridades, y la sociedad civil y los particulares (empresas, Iglesias, ONGs) han tomado la iniciativa con muchas expresiones de solidaridad y cuidado hacia los demás. Es decir, en momentos de grave crisis la sociedad sabe ir a lo esencial, dejando de lado las controversias “de políticos”, sea a nivel nacional (mayoría-oposición), sea también entre poderes territoriales y el gobierno central.

Las secuelas que deje el impacto del coronavirus en la economía y en la misma sociedad se prolongará durante un tiempo al acabar el estado de emergencia. Cesará la anormalidad provocada por este: concentración de poder en los gobiernos centrales, el intervencionismo extremo en la economía y la restricción de derechos fundamentales. Pero la finalización del estado excepcional no significará una vuelta a la situación anterior sin más. En ese momento habrá de plantearse cuál es el papel que corresponde al Estado y a la sociedad en la economía o la gestión sanitaria, cómo se abordan las reformas de las administraciones, tantas veces postergadas, para poder cumplir con las funciones debidas (vemos las consecuencias del vaciamiento del ministerio de sanidad), y la fijación de prioridades políticas y presupuestarias en un entorno de contracción de los ingresos públicos. Todo ello para responder a las secuelas de esta crisis y para estar mejor preparados para otras que puedan venir en el futuro.

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