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Análisis de Coyuntura Nodo XXI

Movimiento social de octubre 2019 Análisis de Coyuntura N.º 4, Fundación Nodo XXI 29 / noviembre / 2019

Este texto es una síntesis del debate sostenido en el Espacio de Coyuntura organizado por la Fundación Nodo XXI y que además recogió lecturas desde distintas actorías. Asistieron: Boris Cofré (Movimiento de Pobladores UKAMAU), Camila Miranda (Fundación Nodo XXI), Ernesto Águila (Académico U. de Chile, Plataforma Socialista), Fanny Pollarolo (Feminista, Partido Socialista), Francisco Arellano (Fundación Nodo XXI), Giorgio Boccardo (Fundación Nodo XXI), Javiera Toro (Frente Amplio, Partido Comunes), Juan Pablo Rojas (Movimiento Deuda Educativa) y Manuel Antonio Garretón (Académico U. de Chile). A la redacción de este documento se incorporaron: Carlos Ruiz Encina (Fundación Nodo XXI), Claudia Pascual (Partido Comunista), Diego Soto (MODATIMA), Faride Zerán (Vicerrectora de la Universidad de Chile) y Julio Pinto (Académico USACh),
A 42 días de su inicio, el Estallido de Octubre pareciera atravesar un momento decisivo. La movilización social sigue tan fuerte como distanciada del sistema político. La intervención del movimiento feminista en todo el país, cruza las fronteras y da muestra de una renovada fuerza que amplía el carácter de la lucha por una vida digna y debilita la agenda mediática de la derecha. Por su parte, el acuerdo constitucional aún es frágil al no materializarse en una reforma, manteniéndose abierta la discusión sobre las condiciones para asegurar un proceso constituyente realmente participativo y representativo de la diversidad social. La agenda social del gobierno carece de anuncios claros y contundentes. En materia de derechos humanos, las señales del gobierno son insuficientes y evasivas, mientras los sectores más reaccionarios de la derecha alientan una salida represiva e incluso militarizada del conflicto.

Se ha abierto una disputa por la interpretación del conflicto. El cuestionamiento al orden social que trajo la movilización abrió paso no solo a demandas por reformas estructurales, sino también a diversas expresiones sociales y formas de violencia, ya sea violencia popular como reacción a los abusos, consecuencia de años de abandono y ausencia de derechos que se impuso sobre vastas franjas populares; ya sea como violencia delictual pura y dura. Mientras en un primer momento la masividad y creatividad del movimiento, acompañada de esas violencias, instalaron con fuerza demandas por transformaciones estructurales y político institucionales ante 30 años de promesas incumplidas, la última semana sectores de la derecha, del empresariado, de los medios de comunicación y de las Fuerzas Armadas y Carabineros, han avanzado en su esfuerzo por imponer la cuestión del orden y la seguridad como única prioridad nacional. Se aísla la violencia del componente movilizado y con ello, lo que en un primer momento fue clave para abrir el escenario, hoy le termina siendo funcional al sistema.
La aguda desconexión entre política y sociedad, y las disimiles posiciones que ha asumido la izquierda ante esta coyuntura, han facilitado que sectores de la derecha utilicen la violencia y el miedo para deslegitimar la protesta social. La salida represiva tomó fuerza para un sector, incluso frente a la constatación irrefutable, por parte de la ciudadanía y organizaciones internacionales de derechos humanos, de que únicamente disponen de fuerzas policiales capaces de imponer el orden mediante crímenes de lesa humanidad.

El escenario descrito augura que no hay salida fácil ni rápida de la situación en que nos encontramos. La profundidad de la crisis que impugna al modelo, junto a la inorganicidad del movimiento social, en
particular de sus franjas más populares, señala que es poco probable que un acuerdo, sin importar su contenido, sea capaz de interpretar el malestar del conjunto de fuerzas presentes en la protesta.
Por esta misma razón, los asistentes del Análisis de Coyuntura concordamos que es crucial trabajar por una izquierda que intervenga con unidad y fuerza para lograr una apertura de la institucionalidad, tanto a formas de participación como a reformas que representen triunfos para la movilización social y, con ello, inaugurar un nuevo escenario de luchas. Hasta ahora la izquierda, en ninguna de sus expresiones significativas a nivel nacional, ha podido salir de objetivos de acumulación específicos y limitados a sus esferas tradicionales de influencia, para ser determinante a nivel de masas y de las correlaciones globales de fuerza. Urge que actuemos en un plano más amplio, de lo contrario, la estrategia de centrar el problema en la violencia, impulsada por facciones de la derecha, carece de contendor político. Por ello, no basta que la condena de la violencia, sino que debemos actuar como parte activa del movimiento social, para impedir que estos hechos sean utilizados por la derecha para derrotar políticamente al movimiento. Así lo logró la intervención feminista, su acción pudo reponer en las calles la injusticia y la desigualdad social como los ejes centrales del conflicto. Es determinante que las fuerzas políticas y sociales asumamos nuestras propias tareas para consolidar los avances del movimiento. Con este fin, los participantes señalaron las siguientes tareas para las fuerzas de izquierda:

  1. Un Proceso Constituyente para construir un nuevo vínculo entre sociedad y política. Las fuerzas de izquierda tenemos la obligación de convertirnos en un instrumento que asegure la participación del pueblo movilizado y de las y los actores sociales en el proceso constituyente. Ya sea por la vía institucional del acuerdo o colocando los instrumentos políticos a disposición, debemos garantizar condiciones para que representantes y organizaciones de la sociedad sean protagonistas de este proceso. Es necesario convocar a un proceso de participación activo y vinculante que fortalezca la Asamblea Constituyente, donde todas y todos puedan participar en la construcción de la futura Constitución. La propia sociedad ya empezó ese camino a través de cabildos y asambleas territoriales ejerciendo su propia soberanía. De lo contrario, existe el peligro inminente de que se reproduzcan las mayorías actualmente existentes en el Congreso, acrecentando el divorcio entre sociedad y política, cuya posible expresión sea una masiva abstención por parte del pueblo, desahuciando el proceso en su conjunto.
  2. La movilización social como fuerza para abrir las transformaciones. Es la energía de la movilización social la que ha permitido abrir esperanzas de transformación al modelo neoliberal. La oportunidad para forjar una nueva Constitución fue posibilitada por la masiva expresión social en las calles del país. La perfomance feminista contra la violencia patriarcal logró enfrentar en las calles el discurso del orden público, y demuestra la fuerza de las mujeres y feministas para presionar más allá, obligando a la derecha y a la oposición a dejar de postergar a la mitad de la población y avanzar hacia una constituyente paritaria. La democratización social y política de la reproducción de la vida no será posible sin la incorporación igualitaria de las mujeres y disidencias. La democracia de la transición fue sin sociedad y masculina, hoy desde la izquierda debemos trabajar decididamente por ampliar su carácter.
    Será la profundización de la presión social en el tiempo, bajo diversas expresiones, lo que permitirá ir consolidando democráticamente los avances exigidos por el pueblo. Las fuerzas de izquierda, más allá de las legítimas diferencias, debemos actuar con generosidad y unidad, evitando el cálculo electoral pequeño o el interés particular, y colocar en el centro de nuestra acción el avance de las transformaciones cuyo horizonte de posibilidad ha abierto la
    movilización social. Para eso es urgente establecer con claridad qué se quiere, en un formato tanto de mínimos como de máximos, mientras se construye una relación orgánica y dialogante con el movimiento popular surgido de este Chile que cambió.
  3. Agenda Social por la Dignidad. Las fuerzas de izquierda tienen condiciones para acompañar el avance de la agenda social planteada por actores sociales que se encuentran mayormente agrupados en la plataforma Unidad Social. El diálogo establecido entre el Bloque Sindical de Unidad Social y el Gobierno es un avance que puede significar la concreción de varias de las demandas exigidas por el pueblo. Sin embargo, se debe establecer también un diálogo con los nuevos actores surgidos en la última década, que no provienen de una cultura de izquierda tradicional, pero que expresan las contradicciones y desigualdades del Chile neoliberal, como lo son el movimiento contra la deuda educativa, la lucha por la recuperación del agua, las nuevas expresiones del movimiento feminista, entre otros. Uno de los principales aportes de las fuerzas políticas de izquierda es transformar ese heterogéneo pliego de demandas sociales en propuestas concretas de ley que aseguren conquistas inmediatas para quienes se movilizaron por un cambio en sus condiciones de vida.
    Por razones tanto estructurales como de justicia, estas reformas deben ser financiadas principalmente a través de un esfuerzo redistributivo importante. Debe resguardarse, además, que cualquier endeudamiento estatal sea en función de un esfuerzo redistributivo mayor, y no en su reemplazo.
    Los partidos de izquierda, las fuerzas sociales, actores de la cultura y la intelectualidad, y la ciudadanía en general, debemos ejercer una presión decidida hacia los sectores políticos y empresariales que han dado señales de apertura para hacer cambios sustantivos al modelo. Al mismo tiempo, debe evitarse que avance la agenda legislativa represiva, a la que se ha sumado parte de la vieja Concertación. En suma, evitar que los sectores más recalcitrantes de la derecha económica, política y militar impongan su agenda de orden público, implica construir un amplio espectro de fuerzas que posibilite institucionalmente las demandas inmediatas y estructurales que el pueblo exige.
  4. Compromiso irrestricto por los Derechos Humanos y democratización de las Fuerzas Armadas y Policías. Los pactos de impunidad de la transición y la autonomía que se permitió a las instituciones armadas y de orden (lo que luego derivó en graves y masivos casos de corrupción) fue un veneno que corroyó al conjunto de la institucionalidad. La brutalidad de las fuerzas policiales, que reiteradamente estuvo presente durante los gobiernos pasados –contra los mapuches, mujeres, trabajadoras y trabajadores, disidencias sexuales, secundarios, marginados–, ha lacerado nuevamente el corazón del pueblo chileno. Las fuerzas políticas han de asumir un compromiso irrestricto con la justicia y verdad ante las masivas violaciones de derechos humanos ocurridas. La recopilación de antecedentes y testimonios, la creación de organizaciones de víctimas y familiares, y el recurso de acciones políticas y judiciales, nacionales e internacionales, deben asumirse como absoluta prioridad. Urge también una reforma estructural a las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública en que participe activamente la sociedad con el objetivo de asegurar su democratización y estricta subordinación al poder civil democrático.

A comienzos del siglo pasado, desde la pampa salitrera, los puertos y talleres, el pueblo chileno se dio
voz por primera vez, y desde ahí pujó durante más de medio siglo por su libertad y autodeterminación. La dictadura intentó exterminar la conciencia política que tanto le costó crear y transformó las bases económicas que le dieron sustento, lo que sembró el camino para una transición a una democracia sin sociedad.
El Estallido de Octubre marcó el surgimiento de un nuevo pueblo, y por tanto, la oportunidad histórica para la formación de una izquierda que asuma los anhelos y contradicciones de este pueblo como la argamasa para expandir los sueños emancipatorios. Esto recién comienza.

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